Alcorcón vive un nuevo episodio de tensión institucional tras la designación de Raquel Rodríguez como presidenta de ESMASA, la empresa pública de limpieza y servicios municipales.
La concejala no adscrita, expulsada recientemente de Ganar Alcorcón y cesada del equipo de gobierno, ha sido elegida gracias a una maniobra política respaldada por los votos del Partido Popular y Vox, en un movimiento calificado por diversos sectores como un «asalto» a la empresa pública.
La votación en el Consejo de Administración se ha saldado con un empate técnico: tres votos a favor (Rodríguez, PP y Vox), tres en contra (Ganar Alcorcón, PSOE y Más Madrid) y la abstención de los representantes sindicales.
Como vicepresidenta en funciones, Rodríguez ha hecho uso de su voto de calidad para proclamarse presidenta, aprovechando la ausencia del nuevo consejero delegado aún no incorporado tras el fallecimiento de Jesús Santos.
La operación ha sido duramente criticada por romper el Pacto Estatal Antitransfuguismo, suscrito por los principales partidos nacionales, y por consumar lo que se considera una «deslealtad» hacia la ciudad.
El respaldo de PP y Vox, partidos que anteriormente «impulsaron la privatización de ESMASA», ha causado indignación entre las fuerzas progresistas, que denuncian que la maniobra pone en riesgo la estabilidad de la empresa pública y perjudica al municipio.
David López, portavoz de Ganar Alcorcón y quien iba a asumir la presidencia de ESMASA, ha exigido la dimisión inmediata de Rodríguez. “Si tiene algún respeto por Alcorcón, debe abandonar el cargo ya”, ha declarado con firmeza.
«Raquel consuma así su deslealtad con la ciudad y la empresa pública«, ha indicado López, quien ha añadido que «pone en peligro la estabilidad y el futuro de la empresa pública, haciendo un daño enorme al municipio«
La votación se ha producido horas antes de la Junta General de Accionistas donde se iba a oficializar el relevo. Desde Ganar Alcorcón consideran que todo responde a una estrategia premeditada para perpetuarse en el poder pese a haber perdido el apoyo del gobierno.
ESMASA queda ahora atrapada en una batalla institucional que amenaza con dejar a la empresa pública al servicio de intereses ajenos al bien común.
