La política municipal en Alcorcón ha cruzado una línea más en su particular travesía por el descrédito.
Raquel Rodríguez, la concejala no adscrita que fue expulsada del Gobierno municipal y tachada de “tránsfuga” por sus excompañeros de Ganar Alcorcón, ha sido premiada ahora con un puesto en el Ejecutivo local y un sueldo público, como quedó acreditado en la última sesión plenaria.
El giro es tan abrupto como bochornoso. Hace apenas unas semanas, Ganar Alcorcón exigía su dimisión, su acta y la aplicación del pacto antitransfuguismo.
Hoy, tragan saliva y votan junto a ella para incorporarla de nuevo al Gobierno. Una operación que, según denunció en redes el portavoz de Vox en Alcorcón, Pedro Moreno, supone “un gobierno en descomposición” y un posible “delito de prevaricación y malversación”, que su formación llevará ante los tribunales.
La excusa oficial es que Rodríguez asume “especiales responsabilidades” al frente de ESMASA, la empresa pública de limpieza.
Lo paradójico es que llegó a la presidencia gracias al respaldo del PP y Vox, usando su voto de calidad tras un empate.
Luego, pactó con la alcaldesa y Ganar Alcorcón para revocar el nombramiento, quedarse como vicepresidenta pero con todos los poderes. A cambio, Ganar colocó en la empresa a su propio portavoz, David López.
El caso ha dejado al descubierto una clamorosa contradicción entre los discursos éticos que invocaban principios y la práctica política donde prima el interés por mantener sueldos, cargos y estabilidad de Gobierno a cualquier precio.
La misma concejala que supuestamente “traicionó” a sus propios compañeros ahora es integrada como aliada imprescindible para mantener el control del Ejecutivo que, de otro modo, quedaría en minoría.
El mensaje que se lanza a la ciudadanía es claro: la moral política es papel mojado cuando el sillón, el coche oficial y el sueldo público están en juego.
Y mientras los partidos de gobierno callan y se alinean con quien repudiaban, la oposición carga contra un escándalo que ya huele a querella.
