La adjudicación de un contrato para la construcción de un edificio de viviendas públicas en régimen de alquiler en Leganés a la constructora Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) vinculada por Víctor Aldama. según declaró en los juzgados, a la conocida como «Trama Koldo» ha generado una gran controversia. Una serie de hechos relacionados con este asunto que ha puesto en el punto de mira la gestión del anterior equipo de gobierno del PSOE, liderado por el exalcalde Santiago Llorente.
La adjudicación
En marzo de 2023, el Consejo de Administración de EMSULE S.A., la empresa municipal encargada de la promoción de vivienda en Leganés, aprobó la adjudicación del contrato a Levantina, una constructora que presentó la oferta económica más cara entre las licitadoras. A pesar de superar en más de un millón de euros las propuestas de otras empresas como Acciona y Ortiz, Levantina se hizo con el contrato gracias a los puntos obtenidos en los criterios subjetivos de valoración.
El contrato, valorado en 16 millones de euros más IVA, fue aprobado con los votos a favor de los concejales del PSOE Francisco Javier Márquez, Laura Oliva y María Elena Ayllón López, junto con el apoyo de Enrique Morago (Ciudadanos) y Francisco José Muñoz (Leganemos). En contra votaron Beatriz Tejero (VOX), Virginia Benito (ULEG), Gema Gil (Podemos) y Francisco Javier Oporto (PP), según consta en el acta de adjudicación publicada por medios locales como La Voz de Leganés.
Las críticas a los criterios subjetivos
Uno de los puntos más controvertidos de esta adjudicación ha sido el peso de los criterios subjetivos en la valoración de las ofertas. Levantina obtuvo 31,50 puntos en estos apartados, lo que le permitió superar a Ortiz (25,50) y Acciona (21), pese a que estas últimas presentaron propuestas económicamente más competitivas. Finalmente, la constructora adjudicataria logró un total de 91,56 puntos frente a los 90,32 de Ortiz y los 86 de Acciona.
El PSOE se defiende
En una nota enviada a los medios, el PSOE de Leganés afirmó que no fueron ellos quienes adjudicaron el contrato, sino una mesa de contratación «integrada por técnicos y habilitados nacionales». Según el comunicado, EMSULE decidió repetir el proceso de adjudicación que rige las contrataciones en los ayuntamientos para dar «mayor transparencia y claridad» al procedimiento, a pesar de no estar obligado a ello.
Sin embargo, esta versión ha sido desmentida por la prensa local y por la documentación oficial. Los concejales del PSOE en el Consejo de Administración de EMSULE fueron quienes aprobaron la adjudicación. Además, el exalcalde Santiago Llorente negó cualquier irregularidad, asegurando que todo el proceso cumplió con la legalidad vigente y que fue supervisado por los órganos administrativos correspondientes.
Las conexiones con la trama Koldo
La polémica se intensificó al conocerse que Levantina había estado vinculada a otros contratos cuestionados en el ámbito nacional, relacionados con la llamada «trama Koldo». Documentos judiciales y declaraciones públicas apuntaron a supuestas reuniones entre Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, y el entonces alcalde de Leganés, Santiago Llorente. Estas reuniones, según fuentes del caso, se habrían llevado a cabo entre 2019 y 2020, incluyendo una cena en un conocido restaurante de Madrid a la que también habría asistido José Ruz, propietario de Levantina tal y como publicaba El Español.
Llorente ha negado categóricamente estas acusaciones, afirmando que no conoce a Koldo García y que «jamás en la vida» se ha reunido con él.
El abandono de las obras y el aumento del coste
La situación se complicó a finales de 2023, cuando Levantina abandonó las obras tras entrar en un preconcurso de acreedores, dejando tras de sí una importante deuda a sus proveedores. Con el cambio de Gobierno municipal tras las elecciones, el nuevo ejecutivo del PP y el partido independiente ULEG tuvo que adjudicar las obras a otra empresa, lo que supuestamente ha incrementado el coste total del proyecto en casi 4 millones de euros, según han denunciado los socialistas. Este aumento en el presupuesto ha generado nuevas críticas desde el PSOE.
El actual gobierno municipal señala que la gestión inicial de la adjudicación fue irresponsable puesto el PSOE no había consignado cantidades presupuestarias para acometer los pagos de las obras y que los vecinos pueden verse afectados asumiendo un incremento en el alquiler de sus viviendas por el encarecimiento de los préstamos hipotecarios. Por su parte, el PSOE cuestiona este sobrecoste y pide explicaciones al nuevo gobierno.
Conclusión
La adjudicación de las obras a Levantina ha destapado una serie de irregularidades y acusaciones cruzadas que han puesto en entredicho la gestión del PSOE en Leganés. El caso, que combina decisiones controvertidas, criterios de valoración cuestionables y posibles vinculaciones con tramas nacionales, sigue generando debate en el ámbito político local. Mientras tanto, los vecinos afectados continúan esperando que se resuelva la situación de unas viviendas que, a día de hoy, están en proceso de ser una realidad.
