El grupo municipal de VOX en Alcorcón ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por la construcción de un crematorio-tanatorio en la calle Industrias, 19, en el polígono de Urtinsa. La formación considera que el proyecto es consecuencia de decisiones urbanísticas adoptadas durante años por gobiernos de PSOE y PP.
La iniciativa ha quedado registrada oficialmente el 28 de abril, según consta en el acuse de presentación.
Preocupación por la ubicación y su impacto
El escrito remitido al Defensor del Pueblo expone la preocupación por la cercanía de la instalación a zonas residenciales y espacios de uso cotidiano. En concreto, señala que el crematorio se ubicaría a menos de 300 metros de viviendas, así como de un hotel, instalaciones deportivas, comercios y un supermercado .
El documento advierte de posibles riesgos para la salud pública derivados de las emisiones asociadas a la actividad de cremación, como partículas y gases potencialmente nocivos, y reclama que se aplique el principio de precaución, especialmente por la presencia de colectivos vulnerables como menores o personas mayores .
Asimismo, se solicita que se evalúe si las administraciones han analizado de forma adecuada el impacto ambiental, la calidad del aire, la proximidad real a viviendas y la existencia de alternativas de ubicación, además de garantizar una información pública suficiente a los vecinos afectados.
Críticas al planeamiento urbanístico
Desde VOX en Alcorcón sostienen que la raíz del conflicto se encuentra en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1999, que sigue regulando el desarrollo de la ciudad. Según la formación, las modificaciones puntuales realizadas en años posteriores no han abordado una revisión integral del modelo urbano.
En este sentido, recuerdan que el suelo donde se proyecta el crematorio fue objeto de una modificación aprobada inicialmente en 2007 por un gobierno del PSOE y ratificada en 2012 por el PP. A su juicio, esta continuidad en el planeamiento ha permitido que proyectos como el actual encajen legalmente, pese al rechazo social.
Además, subrayan que la licencia de nueva planta fue aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 10 de marzo de 2026, dentro de la normativa urbanística vigente.
Petición de revisión del proyecto
La queja presentada solicita al Defensor del Pueblo que investigue la actuación tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid, requiera la documentación ambiental y sanitaria del expediente y valore posibles recomendaciones para suspender, revisar o modificar la autorización concedida .
El objetivo, según el escrito, es garantizar que este tipo de instalaciones se ubiquen en emplazamientos compatibles con la protección de la salud pública y el entorno urbano.
Mientras tanto, el proyecto ha generado rechazo vecinal en la zona, con iniciativas de recogida de firmas en contra de su ubicación, en un debate que continúa abierto en el municipio.
