La edil de comunicación del candidato del PP, Antonio González Terol, será juzgada por presunta prevaricación

Susana Mozo, ex mano derecha del consejero de Transportes, está citada para juicio oral en la Audiencia los días 24 y 25 de mayo 2023

por Redacción

La concejala y responsable de comunicación del candidato del PP, Antonio González Terol, será juzgada por presunta prevaricación unos días antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023, según publica la Cadena Ser Suroeste, este 30 de marzo.

Susana Mozo, que fue segunda teniente de alcalde con el actual consejero de Transportes y exalcalde de Alcorcón, David Pérez, deberá acudir, los días 23 y 24 de mayo de 2023, a la Audiencia Provincial.

Está citada para comparecer en juicio oral, a las 9:30 horas, acusada de prevaricación, por la liquidación por 34 millones de euros de las obras del CREAA (Centro de Creación de las Artes de Alcorcón) en 2012.

Ante este auto judicial de apertura de juicio oral cabe recurso.

Liquidó las obras del CREAA por 34 millones de euros

Según el auto judicial, al que ha tenido acceso la Ser, Mozo, en ese momento consejera delegada de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA), firmó el contrato de liquidación de las obras del CREAA por 34 millones de euros, cuando sólo estaba facultada para firmar contratos de hasta 90.000 euros.

Los hechos sucedieron en 2012, cuando era alcalde, el actual consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, y segunda teniente de alcalde, Susana Mozo, que además era la consejera delegada de EMGIASA, empresa pública que el 28 de febrero de 2012 presentó un concurso voluntario de acreedores.

En aquel entonces, EMGIASA reconoce una deuda de 33.993.505 euros por la construcción del CREAA, un complejo de 66.000 metros cuadrados ideado por el exalcalde socialista, Enrique Cascallana, pero cuyas obras no acabaron de terminarse por la llegada de la crisis.

FCC Construcción y Ferrovial Agroman, los agraciados

De esta manera, Mozo habría autorizado la liquidación de esos cerca de 34 millones de euros con la firma de un contrato con una unión temporal de empresas, formada por FCC Construcción y Ferrovial Agroman, algo para lo que, según el juez, no estaría facultada al «exceder el límite de 90.000 euros».

Estos hechos fueron denunciados por la actual alcaldesa, Natalia de Andrés, en marzo de 2019, y aunque en una primera instancia, fue archivada por el juzgado de Alcorcón, la Audiencia Provincial de Madrid obligó a reabrir el caso y se personó el Ayuntamiento de Alcorcón en el mismo.

Fiscalía pide inhabilitación hasta 2033

La Fiscalía solicitó la apertura de Juicio Oral por presunta prevaricación y pide diez años de inhabilitación para empleo y cargo público. Según el Ministerio Fiscal, la acusada «carecía de poderes para realizar disposiciones económicas superiores a 90.000 euros», por lo que entiende que ha podido cometer un delito de prevaricación, según recoge la Ser.

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