El Ayuntamiento de Alcorcón ha protagonizado un nuevo episodio de gestión tardía y descoordinada que supone un bochorno para todos los vecinos y vecinas de la localidad y una muestra más del errático desempeño de sus funciones de los responsables del Gobierno local.
El pasado 26 de junio, el Pleno municipal aprobó la resolución n.º 2025/3940, en la que la Concejalía de Transición Ecológica y Medio Ambiente acordaba «suspender temporalmente los objetivos de calidad acústica aplicables en el entorno del Parque de la República, durante el desarrollo del evento Play4Life, previsto para el mes de junio de 2025”.
Lo grotesco de esta resolución, firmada por Trinidad Castillo (Más Madrid), es que el evento ya se había celebrado el 7 de junio… en Móstoles.
Y más aún: la organización del festival benéfico anunció públicamente el 12 de mayo la cancelación del evento en Alcorcón, alegando la «pasividad» del Gobierno local y confirmando su traslado al municipio vecino.
A pesar de ello, el Ayuntamiento firmó la resolución ocho días después, el 20 de mayo, para autorizar un evento que ya no iba a tener lugar.
En el Pleno, el concejal del PP Luis Saceda denunció la incongruencia:
“¿Cómo puede la Concejalía de Medio Ambiente suspender los límites de ruido el 20 de mayo si la empresa organizadora ya había anunciado el 12 que se iba a Móstoles?”, expuso en la sesión.
Este hecho no es un simple error técnico: es un símbolo de la parálisis institucional y la falta de coordinación interna del Ejecutivo municipal de PSOE, Ganar Alcorcón y Más Madrid.
Mientras Móstoles acogía con un rotundo éxito a miles de jóvenes en un evento solidario y cultural, Alcorcón aprobaba tres semanas después una resolución inútil, que ni protegía el descanso vecinal ni fomentaba la cultura local, simplemente llegaba tarde… y mal.
Una vez más, el Gobierno local de Alcorcón muestra que la inacción y la improvisación tienen consecuencias, y en este caso han supuesto la pérdida de un evento benéfico de gran impacto social y cultural.
Ni se gestionó con eficacia, ni se actuó con previsión. Y el Pleno, lejos de corregir el error, lo certificó oficialmente con 19 días de retraso.
“Una actividad singular que pondrá al municipio en el mapa cultural del país”
La propia resolución reconoce que el evento Play4Life suponía una oportunidad de gran relevancia para Alcorcón.
En su apartado de “Consideraciones de especial proyección”, el documento afirma que el festival “supondrá una actividad singular que pondrá al municipio en el mapa de eventos musicales del país”.
También se señala que se preveía una gran afluencia de público, lo cual justificaría la suspensión temporal de los objetivos de calidad acústica.
Sin embargo, pese a este reconocimiento explícito del valor estratégico del festival, el Ayuntamiento no actuó con la diligencia necesaria.
Las trabas de la exconcejala de cultura, Raquel Rodríguez, han sido constantes desde el fallecimiento de Jesús Santos, el ideólogo del festival. La ineptitud de la concejala de Medio Ambiente, Trinidad Castillo sumadas a las declaraciones públicas del concejal de Seguridad, David López y de la alcaldesa, Candelaria Testa, en las que afirmaban que el festival no cumplía con la normativa, o que se negaba a pagar tasas (lo cual también se ha demostrado falto de verdad, porque jamás se le pasaron a cobro a la organización del festival solidario) han evidenciado, una vez más, la falta de gestión y de comunicación en el Gobierno tripartito de Alcorcón.
Limitándose a asegurar que el festival no cumplía la normativa —algo totalmente incierto—, PSOE, Ganar Alcorcón y Más Madrid «han puesto de relieve una vez más lo poco o nada que les importa no solo la actividad económica de la ciudad, sino lo que es más preocupante aún: la solidaridad y la ayuda a quienes más lo necesitan» según explican desde los partidos de la oposición.
La propia alcaldesa queda en entredicho
La propia alcaldesa socialista, Candelaria Testa, quedó en evidencia en un Pleno de la Corporación al responder a una pregunta del PP local sobre el festival. «Los festivales tienen que cumplir la normativa y desde luego el equipo de Gobierno tiene que hacerla cumplir. Punto», esgrimió la regidora para tratar de justificar las cortapisas impuestas por el Ejecutivo municipal a los promotores.
A la vista de la resolución del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, el evento cumplía perfectamente con la legalidad, lo que deja aún más en entredicho la gestión de este asunto por parte del Gobierno de Alcorcón.
