Alcorcón, (EFE).- La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), ha asegurado que «si el juez avala la nulidad» del contrato de liquidación de las obras del Centro de Creación de las Artes (CREAA), pedirán anular la causa que derivó en su condena a inhabilitación para administrar bienes ajenos, que está recurrida.
Así lo ha señalado después de que se conociera la apertura del juicio oral contra la edil del PP de Alcorcón Susana Mozo, investigada por presunta prevaricación en la liquidación de las citadas obras cuando era segunda teniente de alcalde de la localidad y consejera delegada de la empresa pública de vivienda.
Mozo habría autorizado la liquidación de cerca de 34 millones de euros con la firma de un contrato con una unión temporal de empresas (UTE), formada por FCC Construcción y Ferrovial Agroman, algo para lo que, según la Fiscalía, no estaría facultada al exceder «el límite de 90.000 euros».
Por ello, en su escrito de acusación, la Fiscalía ha solicitado hasta 10 años de inhabilitación para empleo y cargo público para la edil del PP por un posible delito de prevaricación, ya que entiende que la acusada «carecía de poderes para realizar disposiciones económicas superiores a 90.000 euros».
Ante esta situación, la alcaldesa ha recordado que este contrato de liquidación sirvió «para promover el concurso voluntario de acreedores que solicitó el Gobierno del PP y que tuvo como consecuencia la liquidación de la empresa pública de vivienda», que entró en concurso voluntario de acreedores poco después.
«Si el juez avala la nulidad de este contrato, según solicita la Fiscalía, pediremos que se retrotraigan todas las consecuencias derivadas del mismo, es decir, el concurso de acreedores y las resoluciones en el ámbito mercantil que tanto utiliza el PP», ha añadido De Andrés en un comunicado.
La regidora socialista fue condenada a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos precisamente por la quiebra de la empresa pública Emgiasa y, aunque la sentencia esta recurrida, ahora entiende que una resolución que anule el contrato de liquidación de las obras del CREAA, podría beneficiarle.
«Este contrato y toda esta actuación por parte del PP derivó en la liquidación de la empresa pública; si se confirma que este contrato nunca debió existir, exigiremos que se retrotraigan todas las consecuencias que se derivaron de aquella firma que resultó ser nefasta para esta ciudad y para su patrimonio», ha insistido.
Además, la alcaldesa ha exigido al PP que «tome decisiones» con respecto a su edil Susana Mozo, ya que «se trata de un hecho muy grave» al ser «la primera vez en nuestra historia que se abre juicio oral a un edil por un delito penal en el ejercicio de su cargo, un proceso por el que se solicita responsabilidad patrimonial».
«El PP ha lanzado durante años campañas en torno a resoluciones mercantiles y a una inhabilitación que en ningún caso afecta al desempeño de un cargo público ni a la gestión municipal, ¿qué va a hacer en este caso? Exigimos, por coherencia, una reacción contundente», ha concluido De Andrés.
La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el comienzo del juicio oral los días 23 y 24 de mayo de 2023, a las 9.30 horas, apenas días antes de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, aunque todavía se desconoce si Mozo concurrirá o no en los citados comicios en la lista del PP.
