El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructura, Jorge Rodrigo, ha visitado esta mañana la sede del grupo Chapín en Alcorcón donde ha informado de que la Comunidad de Madrid inspeccionará 800 vehículos de transporte escolar a lo largo del curso 2023-2024 y autorizará a más de 3.000 autobuses para cubrir las rutas a centros educativos con motivo del regreso a las aulas.
El consejero ha acudido a esta empresa, que se dedica al transporte escolar, para comprobar cómo se desarrollan las operaciones de control que se llevan a cabo anualmente en la región sobre este tipo de servicios de movilidad.
«Coincidiendo con el inicio de curso, el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha un plan específico para garantizar el cumplimiento de la normativa que establece las condiciones de seguridad en un tipo de transporte que, por estar dirigido a menores de edad, nos exige a todos los implicados una permanente actitud vigilante», ha señalado Rodrigo.
Esta supervisión se realiza mediante furgonetas adaptadas como oficinas móviles que cuentan con los medios informáticos necesarios para la comprobación de las autorizaciones, tanto generales como específicas de los autobuses.
Esta campaña se suma a las inspecciones ordinarias que se hacen en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, destinadas a vehículos para el traslado de mercancías y de viajeros.
El consejero también ha recordado que durante el periodo 2022-2023, 200 colegios madrileños ofrecieron el servicio de ruta escolar a unos 27.000 alumnos repartidos en más de 600 itinerarios.
Las empresas renuevan estas autorizaciones todos los años y, para obtener la certificación deben acreditar que sus conductores tengan en vigor el permiso de la clase D, y la tarjeta CAP, que certifica su aptitud profesional para acometer esta labor.
Igualmente, será obligatoria la presencia de un acompañante cuando se trata del traslado de alumnos de centros de educación especial o cuando el 50 % o más de los viajeros es menor de 12 años, o el 75 % o más está por debajo de los 16.
Este debe ser una persona mayor de edad, distinta del conductor, que se encargue del cuidado de los niños durante su transporte y que conozca los mecanismos de seguridad y las operaciones de acceso y abandono del vehículo.
De igual forma, los autobuses deben contar con el permiso de circulación destinado al servicio público; no tener más de 10 años de antigüedad o 16 en determinadas circunstancias; aparecer en la ficha técnica como habilitado para realizar este trabajo; y haber pasado favorablemente la ITV.
También deben disponer de una póliza de seguro con responsabilidad civil que cubra al menos 50 millones de euros y, además, en el caso de autocares adaptados, se añaden otros como, el estar equipados con rampas elevadoras, contar con anclajes interiores para las sillas de ruedas y con sistemas de sujeción debidamente homologados.
