La empresa pública ESMASA de Alcorcón, encargada de la limpieza viaria local, acaba de cubrir varias plazas tras varias prejubilaciones entre su plantilla. Para ello ha convocado varios concursos-oposición en las últimas semanas.
Las bases de estas convocatorias son explícitas: los aspirantes deben encontrarse “en situación legal de desempleo e inscritos en el SEPE”. Sin embargo, varias fuentes apuntan a posibles irregularidades: personas allegadas a la dirección de ESMASA –incluso ya contratadas con puestos fijos– habrían concurrido fingiendo cumplir el requisito de estar en paro para luego ser contratadas con mejores condiciones. La situación ha generado un hondo malestar entre personal de la empresa porque la legislación vigente obliga justamente a que el relevista de un empleado prejubilado provenga del colectivo de desempleados.
El mandato legal es claro. El Estatuto de los Trabajadores estipula que el “contrato de relevo” –que acompaña a la jubilación parcial– “se celebrará con un trabajador en situación de desempleo”. De igual modo, la Seguridad Social define la jubilación parcial como aquella vinculada a un contrato a tiempo parcial y un contrato de relevo con un trabajador en desempleo.
Es decir, por ley solo puede sustituir al prejubilado alguien inscrito como demandante de empleo. En consonancia, las propias bases de ESMASA lo reflejaban: por ejemplo, la convocatoria BPE 04-2025 para un puesto de Peón del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, indicaba expresamente que para optar a este puesto, los aspirantes debían “estar en situación legal de Desempleo e inscrito en el SEPE como demandante de empleo, debiéndose cumplir esta situación en el momento previo a la contratación de los aspirantes que superen el proceso selectivo”. Esta exigencia busca evitar el enchufismo y facilitar el acceso al empleo de las personas en situación de desempleo.
No obstante, la contratación en ESMASA lleva meses rodeada de sospechas de favoritismos. Según ha publicado en varios medios de comunicación, se han podido documentar varios casos en los que familiares de la cúpula de la empresa pública obtuvieron plazas con exámenes presuntamente irregulares. Por ejemplo, en julio de 2025 el cuñado de la entonces vicepresidenta de ESMASA, (actualmente presidenta), Raquel Rodríguez, obtuvo una plaza con una de las notas más altas pese a no ser el primero en el concurso. Estos antecedentes alimentan la desconfianza de los trabajadores: se teme que los actuales procesos de jubilación parcial sean aprovechados para beneficiar a personas muy concretas.
La mecánica denunciada es la siguiente: trabajadores con puesto fijo –cercanos a la presidenta de ESMASA– habrían concurrido a estos concursos pese a no estar desempleados. Tras superar las pruebas (incluso con calificaciones sobresalientes, alguno con una puntuación de 10 en el examen teórico de conocimientos), solicitarían voluntariamente la extinción de su contrato para inscribirse como demandantes de empleo justo antes de ser llamados.
Así quedarían habilitados para ser contratados de nuevo, ahora como sustitutos del prejubilado, con jornada completa de lunes a viernes. De este modo, se habrían saltado a otros empleados interinos o parciales que llevaban años esperando un puesto de jornada completa. Además, según fuentes consultadas, la empresa llegó a admitir solicitudes de trabajadores con contrato indefinido en vigor –una situación expresamente contraria a las bases oficiales– agravando la presunta irregularidad. Todo ello contravendría la letra y el espíritu de la normativa laboral y de seguridad social citadas, así como la de la igualdad en la concurrencia para el resto de empleados.
La cobertura de una jubilación parcial mediante contrato de relevo exige legalmente que el trabajador relevista provenga del paro. Si ESMASA presuntamente ha contratado a personas que no cumplían ese requisito –por más que lo hayan simulado antes de firmar– estaría quebrantando la ley. De confirmarse las denuncias, dichos contratos podrían ser impugnados y la empresa obligada a asumir las consecuencias (por ejemplo, reintegrar las prestaciones de jubilación parcial indebidamente percibidas).
Algunos trabajadores afectados y partidos políticos de la oposición ya exigen transparencia: piden que la Inspección de Trabajo y la dirección del SEPE revisen estos procesos selectivos y verifiquen que los aspirantes cumplían el criterio de desempleo. Mientras tanto ESMASA, una empresa pública sufragada con el dinero de todos, sigue acumulando escándalos.
