Jesús Santos: “Sufrimos una guerra de la especulación contra el derecho constitucional a la vivienda”

El portavoz de Ganar Alcorcón denuncia el caos que sufrieron los vecinos a la hora de inscribirse en el Plan Vive de la Comunidad

por Redacción

Ganar Alcorcón llama a reflexionar sobre lo ocurrido en el proceso de inscripción de las 274 viviendas para el alquiler del Plan Vive de la Comunidad de Madrid y alerta que el país está sufriendo “una guerra de la especulación contra el derecho constitucional de la vivienda”.

Durante el pleno municipal, del 25 de octubre de 2023, la formación vecinal ha definido lo ocurrido en el mentado proceso de inscripción, en el que miles de vecinos veían cómo la página web se caía, como una “auténtica estampida” que revela un problema mucho más profundo: la gravedad de la crisis de la vivienda, concretado en un incumplimiento sistemático del Derecho Constitucional a la Vivienda.

“Esto no va de oferta y demanda. Estamos sufriendo una guerra de la especulación contra el derecho constitucional a la vivienda que, en nuestro país, nuestros vecinos la están perdiendo”, señaló Jesús Santos, portavoz de Ganar Alcorcón. –

Objetivo: desalojar a la especulación para que las viviendas lleguen a precios razonables

De esta manera, el también teniente de Alcalde señaló que “el monstruo de la especulación inmobiliaria dispara el precio de la compraventa, provoca alquileres imposibles de pagar, se come la vivienda pública para luego revenderla y coloniza barrios enteros a golpe de alquileres turísticos”.

Un diagnóstico que obliga a repensar las soluciones pues “no basta con ampliar la oferta a golpe de ladrillo” pues querer bajar los precios limitándose a construir más es, según los municipalistas “como correr en una rueda de hámster”, pues el entramado especulativo devora rápidamente cualquier nueva construcción y lo inserta en un sistema de precios incompatible con el ejercicio efectivo del derecho constitucional a la vivienda.

Esta situación, destacan los municipalistas, obliga a tratar el problema de la vivienda como un verdadero asunto de Estado que “implique a todas las administraciones” para combinar una amplia batería de medidas para “desalojar a la especulación del sector para que las viviendas lleguen a la gente a unos precios razonables.”

Para lograrlo reclaman un acuerdo institucional valiente, con una batería de medidas a todos los niveles que incluya “la regulación de precios, la oferta de alquileres con precios protegidos, la puesta en alquiler de viviendas vacías y el castigo a quien las acapara.”, esto último en referencia a las grandes transnacionales que acaparan decenas de inmuebles vacíos.

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