La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha solicitado penas de hasta ocho años de prisión para los presuntos integrantes de una red dedicada a introducir cocaína en Lanzarote, en un caso cuya investigación sitúa el origen de la droga en Leganés. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial juzgará los hechos el próximo 25 de noviembre en Arrecife.
Según el escrito de acusación, los investigados —N.J.Z.U., Y.N.H. y J.S.V.A.— habrían colaborado de forma estable para introducir “cantidades considerables” de cocaína en la isla y distribuirla posteriormente. El Ministerio Público sostiene que dos personas ya condenadas en esta causa viajaron el 12 de enero de 2018 desde Madrid a Lanzarote en un vuelo de Ryanair transportando casi un kilo de cocaína oculto entre sus pertenencias.
En concreto, uno de ellos llevaba medio kilo de droga camuflado en su entrepierna, valorado en unos 55.000 euros, mientras que el segundo transportaba 481 gramos, con un valor estimado de 49.550 euros. Ambos fueron detenidos a su llegada al aeropuerto de Lanzarote.
La Fiscalía afirma que la sustancia estupefaciente les habría sido entregada por N.Z.U. y J.S.V.A. en una calle de Leganés, desde donde partió la cocaína con destino a Canarias. Además, el Ministerio Público señala que N.Z.U. suministró otros 25,3 gramos de cocaína a Y.N.H. en la provincia de Cuenca, operación por la que este último fue posteriormente detenido.
En el operativo policial se registraron varios inmuebles en Leganés y Villaverde, donde se halló cocaína, ketamina y diversas sustancias empleadas para la adulteración de drogas, así como 4.000 euros en efectivo. En la vivienda de J.S.V.A., los agentes localizaron 710 euros y cocaína por valor de 564 euros.
La acusación sitúa a dos personas más —V.A.V.D. y D.F.B.S.— como presuntos colaboradores asentados en Lanzarote, aunque no se ha presentado acusación formal contra ellos al encontrarse en paradero desconocido y estar pendientes de una orden de búsqueda y captura.
El Ministerio Público pide para N.J.Z.U. y J.S.V.A. ocho años de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo y multas superiores a 340.000 euros, solicitando además que cumplan íntegramente la condena en España. Para Y.N.H., la petición es de cinco años y dos meses de cárcel y una multa de 7.713 euros, con la posibilidad de sustituir parte del cumplimiento de la pena por una prohibición de entrada al país durante cinco años.
El juicio esclarecerá si los acusados formaban parte de una estructura estable cuya actividad, según la Fiscalía, tuvo su punto de partida en Leganés antes de llegar al mercado ilícito de Lanzarote.
