El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, han copresidido este pasado martes una Junta Local de Seguridad extraordinaria para abordar los problemas de convivencia en la calle Praga, una zona que lleva meses acumulando quejas vecinales derivadas de problemas de okupación.
A la reunión asistieron representantes de Policía Nacional y Policía Local, con el objetivo de coordinar posibles medidas para frenar la creciente sensación de inseguridad en la zona. La cita llega tarde para muchos residentes, que llevan tiempo exigiendo una respuesta ante situaciones que van desde altercados hasta amenazas o conflictos continuos entre vecinos.
El delegado del Gobierno aseguró su colaboración en el plano policial, pero matizó que los problemas deben abordarse también desde un enfoque social, apelando a la cooperación institucional para poner en marcha planes integrales. Un discurso que, sin embargo, no concreta medidas urgentes ni soluciones inmediatas para los afectados, que siguen esperando respuestas.
El Gobierno presume de cifras mientras los vecinos piden soluciones
Mientras se celebraba esta junta motivada por un conflicto concreto, Francisco Martín no dejó pasar la oportunidad de destacar los datos de criminalidad, afirmando que Alcorcón ha reducido su tasa delictiva en cuatro puntos durante 2024, situándose en el 40,1. También avanzó que los datos del primer trimestre de 2025 confirman esa tendencia a la baja, según el próximo Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior.
Una lectura optimista que contrasta con la realidad que denuncian muchos vecinos del municipio, especialmente en barrios como el de la calle Praga, donde los problemas de convivencia están lejos de estar resueltos, y donde la falta de presencia policial visible y de políticas de intervención eficaces alimenta la frustración ciudadana.
