La crisis política que estalló en Alcorcón hace más de tres meses sigue dejando decisiones difíciles de justificar. La edil Raquel Rodríguez, expulsada de Ganar Alcorcón y ya sin competencias de gobierno, ha sido confirmada como presidenta de la empresa municipal ESMASA con el mismo sueldo y dedicación exclusiva, según publica la Agencia EFE.
Lejos de apartarse tras su cese como responsable de Cultura, Mayores y Festejos, Rodríguez ha logrado conservar su puesto en la empresa pública gracias a un acuerdo político encubierto con el Gobierno local —formado por PSOE, Ganar Alcorcón y Más Madrid—. El Ejecutivo necesita desesperadamente su voto para sostener la mayoría y evitar un colapso institucional.
La operación se empezó a fraguar en julio, cuando el Pleno aprobó mantener la retribución de Rodríguez pese a su condición de no adscrita. El argumento oficial: seguiría con «especiales responsabilidades en ESMASA».
Una fórmula discutible que culminó en agosto con la aprobación definitiva de su presidencia por parte del Consejo de Administración, tal y como confirma EFE citando fuentes municipales.
Mientras tanto, las concejalías que Rodríguez dejó vacantes siguen sin titular. Las funciones de Cultura, Festejos y Mayores han sido asumidas provisionalmente por Sonia López (PSOE), responsable del área. Ella ha coordinado las Fiestas Patronales y el inicio de la nueva temporada de artes escénicas.
La falta de transparencia y la dependencia de apoyos inestables siguen marcando la agenda de un Gobierno municipal cada vez más cuestionado.
Nula credibilidad
El pasado mes de julio, Rodríguez concedía una rueda de prensa a las puertas del ayuntamiento para anunciar su decisión de pasar al grupo de no adscritos por las fuertes desavenencias internas en Ganar Alcorcón.
Antes de confirmarse su expulsión, Raquel Rodríguez denunciaba públicamente lo que calificó como una campaña de “acoso y derribo” impulsada, según sus palabras, por un “desmedido anhelo de poder” dentro de su propio grupo.
Rodríguez aseguraba asimismo su compromiso con el Gobierno local, pero acusaba a sus excompañeros de haber intentado apartarla sin cuestionar su gestión.
“He sido objeto de una campaña de desprestigio porque no pueden cuestionar mi trabajo ni en Cultura ni en ESMASA”, afirmaba, unas dudas sobre su persona que, a tenor de los últimos acontecimientos, parecen no importarle demasiado mientras pueda seguir manteniendo su sueldo y su cuota de poder dentro de la empresa pública y del propio Ejecutivo local
