«Por primera vez en la historia de nuestra ciudad, una edil del Ayuntamiento de Alcorcón se sienta en el banquillo en un Juicio Oral acusada de un delito penal en el ejercicio de su cargo», ha señalado la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, en relación con las informaciones que anuncian la apertura del Juicio Oral contra Susana Mozo, segunda teniente de alcalde y concejala del PP con David Perez, según un auto de la Audiencia Provincial.
Según señalan los medios de comunicación, se inician las sesiones de Juicio Oral por el delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, tal y como solicita la Fiscalía, quien también pide años de inhabilitación para empleo y cargo público.
Los motivos de este juicio oral se centran en la firma -realizada de forma unipersonal y con una cláusula de confidencialidad- por la concejala del PP y consejera delegada de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA) del contrato de liquidación de las obras del CREAA por 34 millones de euros, una cifra muy superior a la permitida para su cargo: hasta 90.000 euros.
Sin informes técnicos
Esta firma daba por finalizado el contrato con una unión temporal de empresas, formada por FCC Construcción y Ferrovial Agroman, encargada entonces de la finalización del CREAA, por millones de euros. No obstante, esta resolución del contrato carecía de informes técnicos preceptivos ni certificaciones de obra o acopios.
Este contrato fue firmado el 9 de marzo de 2012, durante el Gobierno del actual consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, tan solo nueve días después de haber presentado -el 28 de febrero de 2012- en el Juzgado de lo Mercantil el concurso voluntario de acreedores de Emgiasa que motivó la liquidación de la empresa pública.
De Andrés, entonces en la oposición, interpuso la querella
La alcaldesa de Alcorcón, que entonces encabezaba la oposición, interpuso en marzo de 2019 la querella contra la concejal del PP Susana Mozo.
Posteriormente, el Ayuntamiento se personó en la causa con el fin de defender el patrimonio municipal. «Este contrato ha servido para promover el concurso voluntario de acreedores que solicitó el Gobierno del PP y que tuvo como consecuencia la liquidación de la empresa pública de vivienda», ha recordado la primera edil.
En este sentido, ha señalado de forma rotunda que «si el juez avala que la nulidad de este contrato, según solicita la Fiscalía, pediremos que se retrotraigan todas las consecuencias derivadas del mismo, es decir, el concurso de acreedores y las resoluciones en el ámbito mercantil que tanto utiliza el PP».
La alcaldesa ha recordado que no existe recurso de ningún tipo con respecto a la apertura del juicio oral y ha exigido al PP que tome decisiones en torno a este asunto «ya que se trata de un hecho muy grave: es la primera vez en nuestra historia que se abre juicio oral a un edil por un delito penal en el ejercicio de su cargo, un proceso por el que se solicita responsabilidad patrimonial».
Además, se ha preguntado «el PP ha lanzado durante años campañas en torno a resoluciones mercantiles y una inhabilitación que en ningún caso afecta al desempeño de un cargo público ni a la gestión municipal, ¿qué va a hacer en este caso? Exigimos, por coherencia, una reacción contundente ya que, en este caso, hablamos de un delito penal que afecta a una concejala que aún hoy forma parte de la Corporación Municipal».
Para la alcaldesa, «este contrato y toda esta actuación por parte del PP derivó en la liquidación de la empresa pública; si se confirma que este contrato nunca debió existir, exigiremos que se retrotraigan todas las consecuencias que se derivaron de aquella firma que resultó ser nefasta para esta ciudad y para su patrimonio».
