El Grupo Municipal del Partido Popular de Alcorcón ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la ciudad contra el Ayuntamiento y varios responsables políticos, por la posible comisión de delitos relacionados con el uso de fondos públicos. Entre ellos, se menciona el presunto delito de malversación de caudales públicos.
Según ha explicado el Partido Popular, la denuncia se fundamenta en documentación que indicaría que recursos municipales podrían haberse utilizado para financiar actos de campaña durante las elecciones municipales de mayo de 2023. El origen de los hechos se sitúa en un contrato adjudicado en 2022 para la prestación de servicios técnicos de sonido, iluminación y maquinaria escénica, con un presupuesto máximo cercano a los 460.000 euros.
Durante su ejecución, se habrían superado los límites presupuestarios autorizados, generando facturas por más de 130.000 euros sin cobertura suficiente. Posteriormente, el Ayuntamiento tramitó un procedimiento excepcional de omisión de fiscalización para regularizar el gasto ejecutado sin el control previo exigido por la normativa.
Uno de los documentos aportados al juzgado incluiría la afirmación de que “el sobrecoste se habría producido, entre otros motivos, por la proximidad de las elecciones municipales, una superprogramación de eventos y la cobertura de actos electorales con medios procedentes del contrato municipal”. En otros documentos posteriores, se negaría esa afirmación, lo que el PP interpreta como indicio de contradicciones y falta de documentación en el expediente. Afirman que “este expediente ya no es accesible públicamente ni siquiera para los miembros de la Corporación municipal”.
El PP también indica que “las facturas correspondientes a los meses electorales carecen de desglose detallado”, a diferencia de las emitidas en otros periodos. Además, señalan que “cuando el Partido Popular organizó actos de campaña, los servicios técnicos fueron abonados directamente por el partido, sin recurrir a recursos municipales”.
En diciembre de 2023, la Junta de Gobierno Local aprobó la convalidación del gasto y la ampliación del presupuesto del contrato, basándose en la documentación que ha sido entregada al juzgado.
El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, ha declarado que: “Existen indicios de que se habrían pagado actos electorales del PSOE con cargo a fondos municipales. Queremos saber la verdad y por eso pedimos que la Justicia investigue. Este Gobierno municipal se ha caracterizado por la inestabilidad y una gestión deficiente, y ahora, además, le acompaña la sombra de la corrupción”.
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Alcorcón, Roberto Marín Vergara, ha afirmado: “Hemos entregado al juez toda la información y documentación de la que se desprende que podrían existir graves irregularidades económicas que afectan directamente a todos los vecinos de Alcorcón. Si se confirma que dinero público se utilizó para financiar actos electorales, estaríamos ante una situación gravísima”.
Marín también ha añadido que: “El Partido Popular actúa por responsabilidad política y por compromiso con los vecinos de Alcorcón, una ciudad que arrastra una pesada herencia de deuda, una subida constante de impuestos y una larga trayectoria de gestión socialista acreditadamente irregular según resoluciones judiciales, con dos exalcaldes condenados e inhabilitados por la negligente gestión de fondos públicos”. Y ha concluido: “Ahora debe ser la Justicia, y solo la Justicia, quien determine si existen responsabilidades y hasta dónde alcanzan”.
La denuncia solicita la apertura de diligencias para investigar posibles delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, financiación ilegal de partidos políticos y, en su caso, prevaricación. El Partido Popular ha pedido que se depuren responsabilidades en caso de que los miembros de la Junta de Gobierno Local que votaron a favor del expediente —PSOE, Más Madrid, Ganar Alcorcón y la concejal no adscrita— lo hicieran con conocimiento de una posible ilegalidad.
